Han registrado una solicitud formal para que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitan un informe específico.
Més per Marratxí acusa al Partido Popular de poner en riesgo derechos fundamentales tras votar junto a Vox a favor de una moción que abre la puerta a restringir el acceso a dependencias municipales en función de la indumentaria de las personas.
Según denuncia la formación ecosoberanista, la iniciativa aprobada carece de justificación real. Recalcan que no existen incidencias acreditadas ni informes técnicos que avalen la necesidad de esta medida en Marratxí. Lo que sí existe, subrayan, es una decisión política clara: normalizar dentro de las instituciones municipales el discurso de la extrema derecha.
La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, ha sido contundente: “Esta moción no responde a ninguna necesidad del municipio. Responde a una estrategia de señalamiento y exclusión. El PP ha decidido hacer suya una iniciativa que cuestiona derechos fundamentales”.
La formación advierte de que impedir el acceso general a servicios públicos por motivos de vestimenta puede vulnerar derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a la igualdad, la libertad ideológica y religiosa y el principio de reserva de ley en materia de derechos fundamentales. Un terreno jurídico especialmente sensible.
Por este motivo, el grupo municipal ha registrado una solicitud formal para que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitan un informe específico sobre una posible vulneración de derechos fundamentales. Exigen un pronunciamiento claro sobre la falta de competencia municipal para limitar estos derechos mediante ordenanza, la quiebra del principio de proporcionalidad y el riesgo real de nulidad, además de una eventual responsabilidad patrimonial para el consistorio.
Més per Marratxí recuerda que el Tribunal Supremo ya anuló una ordenanza municipal que prohibía el uso del velo integral en dependencias públicas, al considerar que las corporaciones locales no pueden restringir derechos fundamentales sin una habilitación legal con rango de ley.
“No hablamos de una opinión política. Hablamos de jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. Si el gobierno municipal persiste en este camino, deberá asumir las consecuencias jurídicas y económicas”, ha advertido Amengual.
Desde la formación consideran especialmente grave que el PP, como partido de gobierno, opte por generar conflictos institucionales innecesarios en lugar de centrarse en problemas reales del municipio como el acceso a la vivienda, los servicios sociales o la mejora de los servicios municipales.
“El Ayuntamiento no puede convertirse en una herramienta de exclusión. Los servicios públicos son para todos. Gobernar es garantizar derechos, no recortarlos”, concluye la portavoz.
